descargas ilegales
EL COBIERNO PERSEGUIRÁ 200 WEBS DE DESCARGAS ILEGALES
La presidencia de la Unión Europea, a partir del próximo mes de enero, y la reunión en la Casa Blanca con Obama han sido determinantes para que el Gobierno se ponga seriamente a trabajar en una ley para internet, que proteja los contenidos culturales -los nuestros y los de otros países- frente a los piratas. La pelota que hasta hace unos meses estaba en el tejado de Redtel (que agrupa a los operadores) y de la Coalición de Creadores e Industria de Contenidos (Adese, Adican, Adivan, Egeda, FAP, SGAE, Promusicae), y que el pasado mes de abril quedó parada en seco, parece que se pone en movimiento otra vez.
Redtel y la Coalición, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, han pedido reiteradamente al Gobierno que tomara cartas en el asunto de manera clara y así lo ha hecho ahora. El Ejecutivo dio un paso adelante el 9 de octubre con la aprobación de una Comisión interministerial (formada por ocho ministerios) para impulsar la lucha contra la vulneración de la propiedad intelectual en internet. Su objetivo: elevar al Consejo de Ministros un acuerdo de proyecto de ley para internet antes del 31 de diciembre. No hay tiempo para más demoras. De esta manera Zapatero asumirá la presidencia europea con parte de los deberes hechos, a falta del trámite parlamentario.
El segundo paso del Gobierno se pudo apreciar ayer -aunque lo escenificaran otros-, cuando el presidente de la Coalición de Creadores e Industria de Contenidos, Aldo Olcese, anunció que horas más tarde harían llegar al Ministerio de Industria una lista con los nombres de las 200 webs comerciales de descargas ilegales que operan en España. «Les vamos a pedir que actúen de oficio inmediatamente, y que se las remitan al fiscal general del Estado».
En declaraciones posteriores a la prensa, Olcese se mostró optimista sobre los resultados de esta iniciativa. Si bien no cree que el Gobierno castigue a las 200 webs, «estamos casi seguros que sí lo hará con 3 ó 4, las más representativas». Esto servirá de ejemplo para el resto, y también será una demostración clara de que el Gobierno español no está inactivo frente a los graves daños que la piratería está causando en la industria cultural, como le han acusado de manera reiterada, incluso desde el Congreso de EE.UU.
Según un estudio realizado por CoPeerRight Agency por encargo de la Coalición de Creadores, presentado ayer, cada una de estas 200 páginas webs ilegales puede ganar al año como media 1,5 millones de euros, por la vía de la publicidad y de los registros. Son auténticos «supermercados de la piratería» que han generado importantes pérdidas económicas y de puestos de trabajo (25.000 en el sector musical en los últimos cinco años).
